La filtración de documentos y el consorcio de periodistas. Los millones del programa Iniciativas Comunitarias y la red de punteros barriales. Las normas de transparencia y las irregularidades. Las designaciones a dedo y la violencia de los protagonistas. Las denuncias periodísticas y el silencio del poder.

La filtración de documentos obtenida y procesada por el consorcio de periodistas de #CorralPapers consiste en miles de archivos que comparten en una nube y en sus computadoras el Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, y su equipo más cercano de trabajo. No sólo se han filtrado los archivos que al imprimirse y estamparse las firmas se convierten en documentos públicos sino también sus apuntes de trabajo: planillas, anotaciones, carpetas con fotos de obras, etc.

El cotejo de dichos documentos permite obtener parámetros de incumplimientos de las normas legales de manera constante a lo largo del tiempo. Y en muchos casos, aún a sabiendas que los procederes eran reñidos con las leyes vigentes.

Todo este andamiaje ocultado durante años conlleva a un objetivo central: construir con fondos públicos una tropa militante propia en los barrios más necesitados de la ciudad.

 

A lo largo de esta investigación abundarán los ejemplos de empleados municipales y hasta funcionarios, integrando entidades sin fines de lucro beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo, hecho que está estrictamente prohibido por la ordenanza que lo regula.

 

Pero los archivos de trabajo de Medrano y compañía demuestran que las irregularidades no son una falla en los controles internos, ni de algún hecho aislado, sino de una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante del intendente y presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral.

También quedará demostrado cómo otra de las reglas básicas de transparencia y participación democrática de este programa era vulnerada con sistematicidad. La ordenanza que lo regula establece la obligatoriedad de llamar a Concurso de Precios, cada vez que el municipio decide “tercerizar” un servicio bajo este programa. La documentación filtrada demuestra que las obras fueron constantemente designadas discrecionalmente, para luego dibujar una supuesta legalidad en los documentos oficiales.

Y en esta investigación periodística también se pone de manifiesto la contracara de esta estafa a los vecinos de Santa Fe: los “referentes” con quienes la administración municipal decidió construir su red de punteros no parecieran ser ejemplos de buenos vecinos. Historias oscuras, causas penales, hechos violentos, resolución de conflictos a balazos o a las piñas se reiteran a lo largo de las historias que se hacen públicas en #CorralPapers.

El programa de Iniciativas Comunitarias es una herramienta noble para que el Estado Municipal llegue a tender una mano donde el sector privado no logra resolver puestos de empleo. Es el sostén de los excluidos del sistema. Y en muchos casos, y con muchas instituciones así funciona.

Antes de esta investigación, distintas denuncias periodísticas ya dieron cuenta de cómo esta herramienta transformadora es utilizada con otros fines. Ninguno de los poderes establecidos (Municipio, Concejo Municipal, Tribunal de Cuentas y Justicia) se hicieron eco. Salvo algunos tibios intentos de la oposición parlamentaria local que intentaron conocer detalles, los vecinos de Santa Fe no encuentran respuestas oficiales sobre el manejo de millones de pesos públicos.

#CorralPapers cumple con la función del cuarto poder: hacer público lo hasta hoy ocultado. Será tarea de los poderes formales ponerle fin a esta práctica y establecer las responsabilidades políticas, penales y administrativas que correspondan a cada uno.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE INICIATIVAS COMUNITARIAS?

El Programa Iniciativa Comunitaria es regulado por la Ordenanza Nº 10.100, sancionada, por el Concejo Municipal el 12 de septiembre de 1996 y modificada a mediados de 2010. La norma autoriza al municipio a “celebrar convenios con Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales” con el fin de encomendarles “pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo”.

Ya en el año 2012 desde la propia web del municipio la gestión de José Corral daba cuenta de los beneficios de este programa: “genera empleo, y compromete a los vecinos con el cuidado de las obras, ya que en muchos casos son ejecutadas por residentes del barrio”.

Son tres  los puntos de esta ordenanza que interesan a los fines de esta investigación: en primer lugar en el texto se deja expreso que debe respetarse “la normativa para el régimen de compra directa y concurso público de precios según correspondiere”. Y lo que correspondiere según la ley es practicar los llamados CONCURSOS  DE PRECIOS, convocando a las cooperativas a competir con sus servicios y costos. En la práctica nada de esto se ha realizado y esta investigación da muestras de esto.

En segundo lugar en el artículo cuarto, párrafo “F”, se establece que “en ningún caso el personal afectado a la realización de los trabajos guardará relación laboral alguna con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe”. Y tanta fue la importancia que el legislador le dispensó a este punto que agrega: “Esta condición formará parte integrante del contrato de INICIATIVA COMUNITARIA celebrado entre la Municipalidad y la Institución”. Los concejales quisieron ser tajantes con la importancia de este punto y en el inciso “H” del mismo artículo dejan en claro que “en caso de haberse adjudicado el servicio y la institución comunitaria firmante no cumpla” con la condición de no incluir a personal municipal en sus filas “la Municipalidad de Santa Fe, en uso de sus facultades exclusivas, ejercerá su poder de control y fiscalización, debiendo  decidir unilateralmente la caducidad del convenio en cuestión”.

Y en tercer y último lugar la norma establece una rendición de cuentas periódica. A los fines de otorgar total transparencia al destino de estos fondos públicos, el artículo noveno ordena a la intendencia a informar “trimestralmente al Honorable  Concejo Municipal de las adjudicaciones efectuadas bajo el presente régimen”.

La filtración de documentos permite demostrar cómo todos estos puntos fueron vulnerados. Lejos quedaron aquellos objetivos iniciales de valerse “de la inserción territorial de las cooperativas, sus conocimientos previos y compromiso con el hábitat, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Lejos quedaron esos anhelos de bien común al convertir al programa en una caja financiadora de política partidaria.

EL DESAPEGO A LA LEY PARTE 2:

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES BENEFICIADOS

En distintas publicaciones que antecedieron a los #CorralPapers se dio cuenta de otra irregularidad que se cometía en la implementación del programa de Iniciativas Comunitarias: se dieron a conocer nombres, apellidos y detalles de empleados municipales que formaban parte de entidades sin fines de lucro beneficiadas por dicho programa.

Pero la filtración de documentos que incluyen papeles de trabajo de la conducción de la secretaría de Desarrollo Social del intendente José Corral aportan un dato revelador: los funcionarios ya conocían las irregularidades publicadas. Es más, contaban dentro de los archivos con una planilla Excel que detallaba cada uno de los empleados del municipio que integraban las comisiones de cooperativas y ONG´s beneficiadas.

Haciendo click aquí se puede ingresar directamente a este archivo, del cual una captura de pantalla ilustra esta publicación. En total son 65 los empleados municipales que integran entidades no gubernamentales que se benefician con estos fondos.

Y no es el único archivo interno que acredita dichas irregularidades. Una nueva planilla de Excel no deja duda: su nombre es “NO PUEDEN CELEBRAR CONVENIO CONFORME ESTATUTO”. Allí se encuentran un listado de entidades que, tal como reza el título del archivo, no pueden celebrar estos convenios. No obstante, cada una de ellas se benefició con los mencionados convenios. Con un click aquí se puede acceder directamente al archivo mencionado, del cual también se dejan capturas de pantallas a modo ilustrativo. Son 35 las entidades que, según los papeles de trabajo de Medrano, no pueden celebrar convenios con el Municipio, y sin embargo lo siguieron haciendo.

Cabe recordar que la ordenanza que regula estos convenios no deja duda alguna, cuando el municipio detecte alguna irregularidad en el cumplimiento de los requisitos exigidos debe, inmediatamente, dar por concluido dicho vínculo. Nada de esto ocurrió.

EL DESAPEGO A LA LEY PARTE 3:

NADIE RINDE CUENTAS DE NADA

Como ya se dejó en claro anteriormente, la ordenanza que regula el programa de Iniciativas Comunitarias obliga al municipio a informar “trimestralmente al Honorable  Concejo Municipal de las adjudicaciones efectuadas bajo el régimen” de Iniciativas Comunitarias.

Aunque resulte insólito, el gobierno de José Corral nunca cumplió con dicha obligación. Pero no sólo decidió no enviar dicha documentación, sino que el encargado del área de Desarrollo Social, Carlos Medrano, nunca concurrió al Concejo a rendir cuentas o evacuar consultas de los representantes de los vecinos.

Ante el notorio incumplimiento, concejales de la oposición han presentado pedidos de informes, han citado al mencionado funcionario a comparecer al recinto e incluso recientemente se presentó un proyecto de comisión investigadora ante el silencio ensordecedor del municipio y la proliferación de denuncias periodísticas que se fueron haciendo públicas hace ya más de un año.

Ninguna de estas iniciativas tuvo éxito. La información nunca fue enviada, los pedidos de informes no fueron contestados y Medrano esquivó una y otra vez la citación de los representantes del poder legislativo local.

Y así como Ejecutivo y Legislativo municipal no han logrado transparentar los números que ya eran un escándalo antes de la filtración de los #CorralPapers, tampoco el órgano de contralor municipal ha aportado ningún aporte para esclarecer la situación. El Tribunal de Cuentas Municipal no hizo pública crítica alguna a la implementación del programa Iniciativas Comunitarias. Aún peor, ante una orden del Concejo Municipal de llevar adelante una exhaustiva auditoría sobre dichos números de hace varios meses atrás, aún hoy se guarda silencio.

Y así como ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Tribunal de Cuentas lograron poner blancos sobre negros en esta historia, tampoco la Justicia se hizo eco de las denuncias periodísticas, ni de la documentación que hasta hoy se ha publicado. Ni un solo fiscal de Santa Fe parece ver televisión, ni escuchar radio ni leer diarios digitales en la ciudad. La Justicia, hasta hoy, también ha mirado para otro lado.

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS

A DICHO PROGRAMA

 

A diferencia de otras áreas, la ejecución del presupuesto del programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo” es siempre alta. Y, casualmente, aumenta en tiempos de campaña. Sólo una vez se sobreejecutó: fue en 2015, el año de la reelección del intendente. Todo indica que en 2017 ocurrirá lo mismo: en los primeros 8 meses comprometieron el 76% del presupuesto.

¿Crece más el pasto en años electorales y, por eso, el municipio necesita desplegar más recursos para el desmalezamiento? ¿La basura que se acumula en los zanjas aumenta en tiempos de campaña y eso obliga al Ejecutivo a una mayor inversión para subsanar ese extraño fenómeno? Un simple repaso por la ejecución del presupuesto asignado al programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo” deja al descubierto las maniobras de la administración de José Corral para incrementar año a año, con especial énfasis en los meses previos a cada comicio, el dinero destinado a las cooperativas y asociaciones que militan políticamente para él y sus candidatos.

Entre 2013 y 2017 el intendente decidió elevar el presupuesto del área en un 285%: pasó de 24 millones de pesos a más de 94 millones. Los recursos aumentan en años electorales. De 2014 a 2015 se dio el mayor salto porcentual en la inversión en el programa: un incremento del 75%, pasando de 33.944.339,99 pesos en 2014 a 59.516.687,01 en el año de su reelección. Casualmente, el único en el que el municipio sobreejecutó lo presupuestado.

EL DESAPEGO A LA LEY PARTE 1:

LOS CONCURSOS TRUCHOS DE PRECIOS

La filtración de documentos de los #CorralPapers permite echar luz sobre la displicencia con la que se manejó uno de los requisitos fundamentales para otorgar beneficios económicos por medio del programa de Iniciativas Comunitarias: los concursos de precios.

El secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y su equipo de confianza mantienen en una red de computadoras municipales una “nube” de documentos. En la carpeta “DICTÁMENES” se encuentran, organizados por año en subcarpetas, todos los Dictámenes finales por los cuales se le otorga a cada organización un convenio.

 

Uno puede elegir aleatoriamente cualquiera de ellos, y se encuentra con la misma situación respecto a los “Pedidos de Cotización a los proveedores”: el municipio valúa la obra a realizar a un monto X, la institución que “gana” cotiza exactamente por ese monto, otra ONG lo hace por un monto algo más alto (la mayoría de los casos por dos mil pesos) y luego 4 instituciones que no cotizan. 

En todos los casos lo mismo, dejando a las claras que se trata de “dibujar” un requisito con el fin de barnizar de legalidad una adjudicación hecha a dedo. Haciendo click aquí se podrá corroborar directamente lo expresado.

En 2017, todo indica que ocurrirá lo mismo. Ante la necesidad de instalar a Carlos Pereira como candidato, su delfín para sucederlo en el municipio en 2019, en los primeros 8 meses del año el Ejecutivo comprometió 72.358.760,21, el 76,67% de lo presupuestado. Esto significa una erogación promedio de 9.044.845,02 pesos por mes. Si mantiene el ritmo, la gestión Corral invertirá en su programa preferido 108.538.140,31 pesos, un 15% por encima de lo previsto.

Para dimensionar lo destinado al área: en 2017 “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo” tiene asignado 27.520.583 pesos más que el programa de “Estaciones de Bombeo, Terraplenes y Defensas”.